“Error médico. De hombres, avestruces y asnos”

Esta mañana cayó en mis manos un ensayo publicado ayer por Mónica Lalanda, una doctora española que trabaja en la sala de emergencias de un hospital de Segovia. Sin desperdicio alguno, esta profesional de la salud dice cosas muy interesantes respecto a la negligencia médico-hospitalaria, que resultan de aplicación, no solo en la madre patria, sino en todas partes. Reproduzco, de forma íntegra, su ensayo que lleva el título que sirve de encabezamiento y cuya lectura recomiendo principalmente a los médicos y directivos de hospitales de nuestro País.

"16 de julio de 2009.- Que dé un paso adelante el médico que nunca haya cometido un error durante su carrera profesional. De los que hayan dado el paso se pueden decir dos cosas, o bien mienten o simplemente no han visto suficientes pacientes. En un estudio de la universidad de Harvard se calcula que en América, el número de muertos por errores médicos equivale a que se estrellen tres jumbo-jets cada dos días y mueran todos sus ocupantes.

Los sanitarios padecemos una enfermedad que nos lleva a cometer errores; se llama condición humana, incurable e inevitable. Errar es humano pero mientras los cocineros cubren sus fallos con salsas y los arquitectos con plantas, los errores médicos se cubren desafortunadamente con tierra. Según James Reason (psicólogo), aunque no se puede cambiar la condición humana, sí se pueden cambiar las condiciones en las que trabajan los humanos. Ahí quizás yace la gran diferencia entre los distintos modelos sanitarios.

En un mundo ideal un médico debería dormir ocho horas ininterrumpidas, comer sano, no hacer excesos, no sufrir estrés o temor a nada, no apasionarse o tener hobbies, en fin, estar siempre al 100% y trabajar como un autómata. El cansancio, un olvido o un descuido pueden acarrear en cualquier momento consecuencias normalmente menores pero que a veces son fatales. Mientras la raza humana no evolucione (y a la vista del apéndice vermicular, no parece que esto vaya a ir deprisa) los médicos seguiremos cometiendo errores y por esto debe haber un sistema sólido que minimice o impida sus consecuencias. La imprudencia o la negligencia son ya otro tema pero aun así, los pacientes deberían estar protegidos por este mismo sistema. La mitad de los errores médicos en los hospitales son evitables.

Para crear estrategias válidas contra el riesgo de errores, primero hay que identificarlos y sólo a partir de ahí se pueden poner barreras de seguridad para evitarlos. Desafortunadamente, el sistema sanitario español continúa en su mayoría anclado en la era arcaica de la complicidad y el corporativismo. Los errores se cometen pero nadie aprende de ellos, se esconden, se ignoran, se tapan. No se facilita al sanitario un ámbito en el que pueda reconocer su error sin miedo a la represalia, una forma oficial, sencilla y homogénea de canalizar la increíble frustración que conlleva reconocer que has metido la pata, sobre todo si has echado un borrón sobre el primum non nocere. Un sistema justo que evite al profesional ser portada de un periódico antes de aclarar responsabilidades.

Los hospitales españoles están pidiendo a gritos mayor transparencia, un control de calidad profesional y sólido. Hay que luchar contra la cultura de la culpa e introducir la cultura del reporte e intentar convertir los errores en oportunidades de avance y mejoría.

Otro cambio imprescindible es afrontar el error confrontando al paciente. Un paciente víctima de un error merece una explicación y una disculpa. Un estudio del

'Medical Protection Society' sobre este tema confirma que en el 55% de las reclamaciones, eso es lo único que persigue el paciente, frente a un 24% que buscan una compensación económica. El código deontológico inglés incluye como una obligación más el disculparse inmediatamente con el paciente. Parece razonable, de la misma forma que uno espera una disculpa en la calle si alguien te pisa un callo o si te venden un producto equivocado en una tienda. El médico no debe estar exento de responder con humanidad.

El fenómeno anglosajón de la reclamación ha llegado a España y las demandas por errores médicos se han cuadriplicado en una década. Afortunadamente, el paciente español ha dejado por fin de tolerar actitudes paternalistas. Ha llegado el momento de aplicar también sistemas anglosajones de seguridad para minimizar errores hospitalarios. Facilitar que se reporten todos los errores, incluso los más pequeños, los que pasan desapercibidos o los que son sólo potenciales, estudiarlos y poner los medios para evitar tragedias mayores.Errar es humano, pero no reconocerlo es de avestruces y no poner los medios para minimizar sus consecuencias de asnos.” HA DICHO.

Siguen los cuentos de camino.. el chupacabras syndrome

Usando de muleta la anécdota de una sobrinita suya saludable de dos años de edad, que se fracturó el codo jugando el otro día y que no encontró en Mayagüez, Puerto Rico un médico especialista en ortopedia que la atendiera, el economista Nicolás Muñoz, hace malabares en su razonamiento para culminar con varias recomendaciones a la legislatura - que no necesita mucho - con relación al tema de la impericia médica.

En una columna de opinión en el periódico El Nuevo Día http://www.elnuevodia.com/columna/583843/, dicho profesional de la economía alega lo siguiente:

“Muchos médicos, como resultado de estas demandas pierden todos sus bienes debido a que el seguro de impericia médica limita los pagos y responden personalmente por el remanente. El resultado es que los cirujanos y ortopedas están abandonando el País para establecerse en Florida y otros estados donde la situación es menos peligrosa para su práctica profesional. En Puerto Rico ahora hay menos cirujanos ortopedas y un solo hospital para atender los casos. Exceso de demanda y oferta limitada. Como consecuencia, larga espera para casos críticos. El resultado final es un costo económico y social mayor, pues hay que adiestrar nuevos médicos que eventualmente también se irán del País mientras no se atienda el problema.”

Finaliza recomendando lo siguiente en su columna de El Nuevo Día:
“Es necesario legislar para limitar las reclamaciones por impericia médica, para evitar la fuga de médicos, viabilizar mejor cuidado de salud y controlar el costo de las primas de seguros. Es incomprensible que, a modo de ejemplo, un motociclista que conduce a exceso de velocidad, tras sufrir un accidente por su acto irresponsable y recibir fracturas múltiples en brazos y piernas, quiera convertirse en millonario porque sus huesos no sanaron a la perfección tras la operación. La pregunta es, ¿por qué no extender a todos los hospitales públicos y privados la inmunidad que se otorga al Centro Médico de Río Piedras?”

Resulta increíble que un economista que maneja conceptos estadísticos continuamente pretenda que la gente crea que muchos médicos pierden todos sus bienes con las demandas de impericia médica y que los pacientes quieran convertirse en millonarios a costa de los pobre médicos, ayudados, claro, por abogados que estamos dispuestos a demandar simplemente por resultados subóptimos en los tratamientos médicos. Me resulta raro además, en este momento en que se discute legislación sobre el tema, que siga corriendo la bola, y que pretenda hacer creer los cuentos de camino de que la anecdótica fuga de médicos a EEUU es el resultado de las demandas de impericia médica, haciendo abstracción, adrede, de toda otra causa o motivación de esas familias. Me gustaría saber si el distinguido economista le achaca igualmente a las demandas de impericia médica el que se vayan de Puerto Rico también los jubilados, las enfermeras, la mitad de los ingenieros que se gradúan en nuestras escuelas, los bomberos y hasta los policías.

Aquí algunas estadísticas al 31 de diciembre de 2008 que debe el buen economista conocer: (1) el 85% de los asegurados activos de SIMED (sindicato asegurador de la mayor parte de nuestros médicos) paga una prima anual de solo $5,000 ó menos; (2) el 66% de todos los asegurados no ha tenido nunca reclamaciones de impericia médica; (3) el 81% no tiene o sólo tiene una reclamación en su contra; (4) el 5% (628 médicos) de los asegurados tiene 5 reclamaciones ó más y (5) este numerito de médicos viajeros frecuentes a las cortes es responsable del 43% de las pérdidas incurridas en la cartera de SIMED. Estas estadísticas son muy reveladoras y es muy conveniente repasarlas antes de colocar su prestigio profesional en riesgo en unas cuartillas llenas de inexactitudes y al servicio gratuito o no de una clase ya privilegiada.

Nadie debe responsabilizar a las víctimas de impericia que radican sus demandas de la suerte de algunos malos médicos, probablemente de aquellos que no merecen practicar la medicina en nuestro país. Estos médicos y sus viejos y nuevos amigos deben achacar su suerte a su impericia médica, que es lo que realmente origina las demandas en su contra. Son los médicos que ocasionan con su negligencia que un niño viva con perlesía cerebral por el resto de sus días, sin poder jugar y hacer acrobacias como la sobrinita del columnista, tornando, por el contrario, en pesadilla contínua las ilusiones que alguna vez tuvieran sus padres de una vida alegre y feliz. Son ellos los mismos que, con su paupérrimo talento para hacer medicina, tronchan todos los días las vidas de seres humanos.

En cuanto a que muchos médicos pierden sus bienes, la sensibilidad siempre me enternece, pero en este caso ese comentario me suena a lágrimas de cocodrilo. Las víctimas de impericia pierden en manos de médicos negligentes en ocasiones, no solo sus bienes materiales, sino, más importante aún, su salud y a veces su vida. Sin embargo, es pertinente puntualizar que hace unos pocos años, la Oficina del Comisionado de Seguros reveló que la media (estadística que descarta los valores extremos) en las compensaciones en este país en las demandas de impericia médica era de solo $37 mil. El promedio de pago (la suma de todos los pagos dividida entre el número de casos pagados) en SIMED durante los últimos 5 años bajó a $58 mil, de $67 mil que era antes ($53 mil en los últimos 12 meses), mucho menos del límite de $100 mil que ofrece la póliza de SIMED en estos casos y muy por debajo de los $250 mil que ofrece actualmente Triple S de cubierta a algunos de sus médicos asegurados con buena experiencia de asegurabilidad, o sea sin sin experiencia de demandas.

Nadie, y menos los legisladores del país, debe hacerse eco de cuentos de camino que se originan en el nicho puramente económico de un puñado de médicos negligentes que hacen que SIMED, obligado por ley a asegurar a todo el que solicite, incurra en pérdidas debido a su mala experiencia de asegurabilidad. Es una desgracia para el país que a diario surja tanta desinformación, principalmente entre gente educada. Me extraña que alguna gente vive aún o pretenda que otros vivan rehenes del síndrome del chupacabras .

El paciente que resulta víctima de un médico negligente es el eslabón más débil de la cadena y, como tal, no debe cargar con el peso de un sistema de salud mal planificado, deficiente y lento. No se le debe quitar al paciente más derechos de los que ya le han quitado en el pasado con legislación mala y deficiente, producto de legisladores mal intencionados o, por decir lo menos y darle el beneficio de la duda, mal informados.

El efecto canguro y las demandas de impericia médica (kangaroo effect)

Un estudio realizado en Australia y publicado el 27 de agosto de 2004 http://www3.interscience.wiley.com/journal/118797316/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0, concluyó que las demandas de impericia médica que presentamos los abogados constituyen una amenaza constante para los médicos. Esa amenaza de ser demandados puede ocasionar efectos sicológicos, físicos y hasta cambios en la forma en que algunos practican la medicina. La personalidad obsesiva de algunos médicos los pueden hacer particularmente vulnerables a ver el proceso judicial como un reto a su identidad profesional y personal. El objetivo del estudio era describir el impacto sicológico de las demandas y la litigación en contra de los médicos. No crean que tiene que ver con el impacto que reciben sus víctimas por su negligencia; éste no se discute en el estudio.

La investigación realizada por un grupo de profesionales lidereado por siquiatras australianos al que me refiero[1] reveló que la depresión y el desorden de ajuste entre los médicos demandados fue relativamente común, mientras que el abuso de alcohol y drogas, enfermedades físicas e ideas suicidas fueron informadas con menos frecuencia entre este grupo. La mayoría de los médicos demandados simplemente se dedicaron a practicar la medicina defensiva, sin mayores secuelas en su salud física o emocional.

Lo que le debería resultar interesante y digno de examen para los estudiosos australianos es el caso de quien llamaremos Paquito, médico en un conocido hospital de Puerto Rico. Este peculiar personaje fue originalmente demandado en una causa actualmente pendiente, por lo que me reservo todos los detalles importantes que lo delatarían. Luego de haber sido demandado, se acogió a un proceso de quiebra, por lo que se ha seguido el caso en contra de su asegurador, excluyendo toda posibilidad de ser afectado en su peculio personal, ya que se protegió temporalmente en contra de cualquier sentencia.

En fin, si no fuera porque exhibe su nombre completo y su firma, además del nombre de la que presumo es su esposa, adornaría este ensayo un cheque, sin concepto, que por la suma de 5 centavos envió el otro día a mi oficina a favor de una de las hijas de una dama que murió víctima de su impericia médica contributoria. Por el monto del cheque que me ha enviado, aparte de dejarme saber nuevamente que está pelao' y que tiene un patético sentido de valoración de una vida humana, no puedo en realidad determinar cual ha sido el impacto que ha ocasionado la demanda de impericia médica en su contra. ¿Estará sumido en una depresión emocional? ¿Habrá firmado el cheque bajo los efectos de alcohol o de alguna droga peligrosa? ¿Tendrá ideas suicidas? O ¿se habrá contagiado al recibir la demanda con lo que podríamos denominar “el efecto canguro” o 'kangaroo effect' para los angloparlantes? El contacto físico entre la madre y el bebé prematuro, es el realmente conocido en medicina como efecto canguro. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia con la gripe porcina, infecciones nosocomiales y otras linduras, todo es posible y puede que el buen doctor haya sido víctima o tal vez inventado una mutación del efecto de canguro original.

Creo que el personaje aludido me ha enviado su cheque insolicitado por 5 centavos, en un derroche de un particular sentido de humor que solo algunos (me cuento entre ellos) tenemos el talento para entender y disfrutar como se merece, aunque lo hizo, estoy seguro, sin medir realmente el alcance que su conducta poco ortodoxa podría tener en los familiares de la dama fallecida si se llegasen a enterar. Por lo pronto, le voy a dar el beneficio de la duda al pensar que no quiso ofender a los hijos de su paciente fallecida y que el objeto pretendido de su particular ingenio fui solamente yo, como abogado de ellos. Siendo ello así, tengo que informar al wanabí de humortivador, sin embargo, que pasó por alto que es muy difícil computar y dividir el 33% de los honorarios usuales que cobramos los abogados por este tipo de caso, por lo que, en lo sucesivo, y juzgando el potencial que tiene de otros casos, por su paupérrimo talento para hacer medicina, deberá considerar este pequeño detalle.

Le voy a hacer un favor insolicitado al no revelar su pequeña hazaña a mis clientes. En su lugar, me propongo devolverle el cheque por medio de su asegurador. Estando el Dr. Paquito acogido a una quiebra voluntaria, si lo hago efectivo, me puedo buscar un lío con los federicos y, como están las cosas en este país, esa no es una de las cosas que deseo experimentar. Sin embargo, la humortivadora hazaña no merece solo provocar un momento de esparcimiento y risa de este autor con una mera reseña en un blog que seguramente no visita con la frecuencia que debiera.

He traducido este ensayo al idioma que hablan los australianos y se los he enviado a los siquiatras del estudio. Lo menos que deben hacer esta gente es tomar conocimiento de la forma en que algunos individuos en nuestro país caribeño son impactados por una demanda de impericia médica en su contra. Quien sabe, a lo mejor le llegan sus 15 minutos de fama y con el envío de algunas regalías le mejora la fortuna al doctor Paquito . No contaban los kangureños con la astucia boricua.

[1] Louise Nash (Psychiatrist and Lecturer, Department of Psychological Medicine, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia) , Christopher Tennant (Professor of Psychiatry, University of Sydney, and Head of Department of Psychological Medicine, Royal North Shore Hospital) and Merrilyn Walton (Adjunct Associate Professor of Ethical Practice, Office of Teaching and Learning in Medicine, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia.

Algunas propuestas del gobernador Fortuño sobre la salud pueden resultar nocivas para tu idem

Dijo el gobernador de Puerto Rico Lcdo. Fortuño anoche en su mensaje al país, que “propiciarán un ambiente profesional de excelencia que desaliente el éxodo de profesionales de la salud”. Por tanto, se parte de la premisa de que este “éxodo” de profesionales de la salud es ocasionado por la inexistencia de un ambiente profesional de excelencia del país. ¿Eso era…? ¿Así de simple?

Finalmente, el gobernador dijo “le haremos justicia a nuestros pacientes y a nuestros profesionales de la salud, presentando legislación dirigida a disuadir la radicación en los tribunales de casos frívolos de impericia médica” ¿De nuevo el refrito de las demandas frívolas?

Vamos por parte y comencemos por el llamado éxodo de profesionales de la salud.

¿Quien ha dicho que el éxodo de profesionales de la salud se debe a la inexistencia de un ambiente profesional de excelencia en el país? Si yo fuera médico, estaría ofendido con esas expresiones, no contento, como parece ser el caso con los pocos médicos que había en el foro legislativo, incluyendo al ex perito médico de demandados Dr. Rivera Dueño.

Según cifras del sindicato de impericia médica que asegura médicos (SIMED), el 85% de los médicos del país nunca ha sido demandado por negligencia y son profesionales de excelencia. Es decir, solo el 15% de estos médicos suelen ser demandados y son causantes de los serios problemas de salud de sus víctimas y del aumento en costos de servicios de salud, por complicaciones que pudieron evitarse. Si por mí fuera, me gustaría que ese 15% de médicos se fuera del país. Ellos son los que carecen de profesionalismo, no los demás. Lo que debe hacer el gobierno es pagarle el pasaje, no intentar retenerlos en nuestro país.

Desconozco qué legislación se inventarán nuestros legisladores o los asesores de nuestro gobernador, pero cruzo los dedos porque preveo y temo nuevos atentados en contra de los pacientes y que, lejos de hacerle justicia a este sector, se produciría lo contrario.

El éxodo de profesionales de la salud se debe a las mismas razones que el éxodo de otros profesionales, como los ingenieros, maestros, policías, abogados, bomberos, en fin, la lista es inagotable. Estos profesionales salen de Puerto Rico en busca de mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Si la encuentran o no es harina de otro costal. Muchos regresan y otros se quedan al otro lado del charco. Eso lo sabe o debe saber nuestro gobernador. Y debe saber que si hace buena su palabra de cesantear a más de 30 mil empleados públicos, aumentará el éxodo que tendría entonces que ver con el tema de la impericia, aunque no sea la médica.

Por último, nuevamente nos zumban en el mensaje con el tema de los casos frívolos de impericia médica. Como la española que no besa por frivolidad, estimo que ningún abogado presenta una demanda por frivolidad. Creo útil aportar unos datos sobre los casos de impericia médica en Puerto Rico, para beneficio de los que usan coloquialmente el término “frivolidad”, el último nuestro gobernador, en el contexto de estas demandas, adscribiéndole este adjetivo a todas las reclamaciones contenidas en estas demandas que no prosperan por una u otra razón.

Debo dejar meridianamente claro, de entrada, que no estoy en favor de que se radiquen casos frívolos de impericia médica en los tribunales del país. A nadie en el sistema conviene esto; ni a médicos ni a pacientes, ni a abogados. Sin embargo, me temo que con el término “frivolidad”, que significa: superficialidad, falta de seriedad (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid), los favorecedores de reformas en el sistema compensatorio del país quieran adscribirlo a todas las demandas que no prosperan por una u otra razón y puedan lacerar derechos de las víctimas de impericia médica, que son realmente el eslabón más débil de la cadena.

Las reglas de procedimiento civil locales y federales imponen al abogado que firma una demanda el deber de haber practicado una investigación diligente respecto a los méritos de la causa de acción que presenta en los tribunales. Si un tribunal, luego de ponderada la evidencia en sus méritos, encuentra que una causa de acción ha sido presentada de forma frívola por una alegada víctima de impericia médica, tiene el mecanismo legal de, no solo imponer honorarios de abogado a la parte que pierde el caso, sino imponer sanciones severas al abogado que la ha radicado, incluyendo el poder de referirlo para una investigación que puede conllevar una sanción disciplinaria ante el Tribunal Supremo.

El gobernador, que es abogado hace más de 20 años, sabe esto y conoce o debiera conocer, además, que el uso indiscriminado y coloquial del término “frívolo”, en el contexto de la impericia médica, hace más daño que bien a los pacientes. Estos mismos pacientes, que son víctimas potenciales de impericia médica y de negligencia hospitalaria y que, de paso, son sus propios constituyentes.

Los que sabemos eso, incluyendo al gobernador, no podemos colocar a los pacientes a merced de gente que desconoce o desea desconocer el significado de los términos y las consecuencias que puede tener legislación guiada por ideas y conceptos jurídicamente erróneos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos o leemos y con la legislación que se intenta pasar.

La quiebra y la Impericia Médica en Puerto Rico

De un tiempo a esta parte, el número de médicos en Puerto Rico que se está acogiendo a los beneficios de la Ley Federal de Quiebras va en aumento. Huyéndole a las demandas de impericia médica, las peticiones de quiebra se vienen poniendo de moda desde hace unos años, como aparente tabla de salvación, con el único fin de pretender proteger su peculio personal de alguna sentencia potencial que pudiese dictar un tribunal o de un veredicto de jurado en la corte federal. Ello, ayudados por colegas abogados especialistas en la materia que, en la gran mayoría de los casos, creen las representaciones de sus clientes.

En casi una decena de casos que hemos llevado en mi oficina, igual número de mis clientes han tenido que soportar la dura realidad de una paralización que supone la presentación de una quiebra por médicos que hemos demandado. En alguna que otra petición sobre liquidación bajo el Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, el descargo (discharge) de sus deudas que persigue el galeno , se lleva por el medio cualquier demanda de impericia médica tramitada en su contra, pues la reclamación o la deuda que supone una sentencia o veredicto de este tipo de acción no es de las deudas llamadas aseguradas, sino de las comunes, no aseguradas. Es decir, una quiebra de un médico representa para las víctimas de su impericia médica lo que una pelota que viaja a 90 millas por hora puede representar para un bateador de beisbol cuando aterriza en una parte vital de su cuerpo.

La quiebra se ha considerado por muchos médicos como una alternativa muy viable .... hasta que llegó el caso del cirujano plástico Dr. Edgardo Colón Ledeé. Este profesional fue arrestado ayer de madrugada con su hermana abogada, acusándolos de fraude en la radicación en 2003 de su quiebra, entre otras cosas, por alegadamente querer salvarse de 24 demandas en su contra por impericia médica. Esta noticia ha sido publicada extensamente en todos los medios noticiosos del país y algunos internacionales también, lo que, otra vez, nos llena de vergüenza ajena. Bajo el título de "Caen hermanos por fraude", el periódico El Vocero de Puerto Rico ha publicado hoy un artículo de la pluma de Melissa Correa Velázquez reseñando las acusaciones presentadas por la fiscalía federal de la siguiente manera: “El dúo fue acusado por un Gran Jurado el pasado 1ro. de abril de cargos de conspiración para ocultar bienes del galeno al Síndico federal y a los acreedores, transferencias fraudulentas y lavado de dinero.”

Añade el artículo en partes importantes: “Mencionó (la funcionaria federal) que unos meses antes de la radicación de su petición de quiebras, Colón Ledeé transfirió su millonaria residencia, estimada en $1.7 millones, localizada en la exclusiva área de Ocean Park, Málaga 1, a su corporación por sólo $40,000. Informó que antes de la radicación de la quiebra el acusado obtuvo un préstamo a su nombre y depositó los fondos a nombre de su corporación y enlistó el préstamo en los documentos de la quiebra como una deuda más que no podía pagar. El Síndico federal se enteró de la existencia de la corporación Investments Unlimited a través de un acreedor. Entonces Colón Ledeé trató de vender la propiedad de Ocean Park a un tercero para evitar que el Síndico la vendiera para beneficio de sus acreedores. También lavó dinero recibido de la transacción haciendo cheques falsos a terceros, involucrando a familiares y allegados”, apuntó Rodríguez. El galeno se expone a una sentencia estatutaria máxima de hasta 20 años de cárcel y a una multa de $500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavada. Mientras que la letrada a un máximo de cinco años de prisión y a multas de $250,000."

Sin ánimo de lacerar el derecho de estos acusados a la presunción de inocencia, este caso debe ejemplificar y, ciertamente, envía un mensaje simple y muy claro a los galenos del país que se han acogido o estén acariciando la idea de acogerse a una quiebra con el fin de protegerse de las demandas de impericia médica en su contra. Cuidado... !! los federicos los están velando y ellos también juegan a la pelota dura.

¿Impericia médica o legislativa?

Puede que la impericia médica en Puerto Rico no esté en crisis sino la comprensión del tema por algunos medios, incluyendo ahora el legislativo. Y solo basta recordar lo que, hace un par de siglos sentenciara un escritor irlandés llamado Edmund Burke http://es.wikipedia.org/wiki/Burke: "las malas leyes son la peor clase de tiranía". (Bad laws are the worst sort of tyranny)

El conocimiento convencional, es una idea que debe su “veracidad” a su repetición. Una y otra y otra vez se repite, hasta que acaba por ser una “verdad” aceptada por el sujeto, sin ser pensada. La fuga de médicos hacia EEUU, las demandas frívolas de impericia médica, los altos costos de las primas de seguros, son solo unas cuantas “verdades” que han sido repetidas “ad nauseum” hasta el punto de que algunas personas se lo creen.

Desde el año 2002 el Colegio de Médicos y sus amigos en la legislatura del país han querido cambiar el estado de derecho con relación al tema de la impericia médico-hospitalaria. A pesar de lo mucho que han invertido, dinero y tiempo, han tenido poco éxito.

Ahora quieren modificar el garabato legislativo que llamaron ‘panel de arbitraje’, imponer topes a las compensaciones por daños emocionales y pretender que el perito a ser utilizado por la víctima tenga la m isma especialidad del médico demandado. Veremos en las próximas semanas alguna que otra campaña de relaciones públicas colada gratuitamente en los medios noticiosos del país por el Colegio de Médicos o el presidente de la comisión de salud de la Cámara de representantes hablando con aspecto serio de la necesidad de la legislación.

Esta legislación, sin embargo, representa solo un ataque despiadado en contra de los derechos de las víctimas de impericia médica a una justa compensación por sus daños y al libre acceso a los tribunales. Repiten, hasta el cansancio, que el número de demandas presentadas, frívolas en su mayoría, según éstos, es el causante del alza en las primas de sus seguros, y más recientemente, del éxodo de los médicos hacia EEUU. Por ende, la causa de todas las penas que ellos y el sistema de salud experimentan en nuestra querida Isla.

A los legisladores nuevos le tengo que dar el beneficio de la duda. No debo entender que haya mala intención tras esta legislación. Por tanto, me veo en la necesidad de repetir, una vez más algunos datos que podrían despejar la nube negra que les empaña momentáneamente su comprensión del tema.

En febrero de 2006, se informó que, luego de un período que comenzó en 2002, el costo de los seguros de impericia se había estabilizado. Esta información desinfló el argumento clásico más importante de todos los que han esgrimido quienes han intentado reformar el sistema de derecho, tanto en EEUU como en Puerto Rico. Como siempre habíamos sostenido, el informe corrobora que el aumento en las primas de estos seguros respondió a un comportamiento cíclico que, de tiempo en tiempo, ha experimentado la industria de seguros desde mediados de la década de los 70’s y que en 2002 fue precipitado por las pérdidas sobrevenidas en esa industria por el ataque a las Torres Gemelas a fines de 2001 y la caída subsiguiente sufrida por el mercado de valores. Un manejo inapropiado de sus reservas contribuyeron al colapso de las ganancias de estas aseguradoras, obligándolas a aumentar las primas que cobraban a sus asegurados para de esa manera amortiguar esas pérdidas.

A través de los años, estudios tras estudios concluyen que han sido las prácticas de inversión en un mercado de valores volátil y la política de precios y manejo de riesgo de las propias compañías aseguradoras, y no las reclamaciones de las víctimas de impericia médico-hospitalaria, las verdaderas responsables de los aumentos de las primas en los pasados cuatro años. Es importante puntualizar también que el número de demandas presentadas en los tribunales en Puerto Rico, unas mil anuales, se ha mantenido también estable por más de una década. Igual resultado se informa en cuanto a las presentadas en EEUU.

Un vistazo al National Practitioner Data Bank, órgano oficial del gobierno federal con una extensa base de datos relevantes al tema, resulta también sumamente revelador. Su más reciente informe, de 2005, dice que la media en las compensaciones en estos casos en EEUU fue de $170 mil. (U.S. DEP’T OF HEALTH & HUMAN SERVS., HEALTH RESOURCES & SERVS. ADMIN., NATIONAL PRACTITIONER DATABANK 2004 ANNUAL REPORT, disponible en www.npdb-hipdb.com/pubs/stats/2004_NPDB_Annual_Report.pdf. Mientras, un informe del Comisionado de Seguros reveló en 2004 que en Puerto Rico la compensación media en estos casos resultó ser de $37 mil. SIMED reporta que solo el 15% de sus asegurados son demandados y que la prima del seguro solo se afecta por los recargos cuando se demanda al médico en más de tres ocasiones.

Altos ejecutivos en la industria de seguro en EEUU han admitido cándidamente que la reforma al sistema nada tiene que ver con las primas de los seguros. En 2005 el portavoz de la Asociación Americana de Seguros, Dennis Kelly dijo al Chicago Tribune que “nosotros nunca prometimos una reducción de los precios de los seguros con la reforma el sistema compensatorio. Mark Silva, Bush’s Tort Reform Efforts to Start at “Judicial Hellhole,” CHICAGO TRIB., 3 de enero de 2005, a la página 9. Por otra parte, Victor Schwartz, ‘general counsel’ de la American Tort Reform Association, admitió que “es muy raro que se radiquen demandas frívolas en contra de los médicos. Estas resultan muy caras para radicar.” Nick Anderson & Edwin Chen, The Race for the White House: Bush Pushes Stance against “Junk Lawsuits,” L.A. TIMES, Oct. 22, 2004, at A20.

Ya no es excusa el aumento en las primas de los seguros para buscar los cambios deseados. ¿Son las demandas de impericia entonces las responsables del llamado éxodo de los médicos boricuas hacia EEUU? Ingenieros, enfermeras y otros profesionales han tomado igual decisión. En la década de los noventa casi medio millón de boricuas emigraron en busca de mejor calidad de vida, incluyendo obviamente médicos. Pero si las demandas de impericia médica influyeron en su decisión, entonces estos buenos profesionales de la salud han cambiado chinas por botellas y se han tragado argumentos equivocados y malintencionados que han encontrado sus mejores aliados en las industrias tabacalera y farmacéutica norteamericana. Si lo que desean es no tener que asegurarse, como en el estado de la Florida, es bueno que estén conscientes que entonces tendrán que pagar sentencias más altas y de su propio peculio.

Los médicos no están siendo victimizados por sus pacientes. Sin embargo, esta vez el legislador da la impresión de querer victimizar a sus constituyentes.

Ante la perlesía cerebral y la impericia médica (Parte II)

El impacto provocado por el diagnóstico de perlesía cerebral en un hijo solo puede ser apreciado, en toda su extensión y vertientes, por quienes lo han experimentado en carne propia. Los médicos, psicólogos, abogados y demás profesionales que intervenimos, en mayor o menor grado, con padres cuyos hijos han sido diagnosticados con perlesía cerebral alcanzamos a comprender un poco de la situación que trastoca la vida de esa familia, lo que se podría comparar con solo ver la punta de un témpano.

Dependiendo de la extensión del daño cerebral del paciente, un grupo de condiciones crónicas que afectan la coordinación muscular y el movimiento corporal, esto es, la función motora, caracteriza la condición de perlesía cerebral y, muchas veces, se van manifestando lentamente. Por ello, puede transcurrir mucho tiempo en lo que algún facultativo médico atisba, con algún grado de certeza, los componentes necesarios para hacer este diagnóstico con un grado de certeza aceptable, de una manera responsable. Pruebas de laboratorio complejas y exámenes neurológicos, metabólicos y genéticos son necesarios paracticar para diagnosticar la perlesía cerebral. Mientras, el tiempo pasa y los derechos, ya no del paciente solamente, sino los de su familia cercana, corren el riesgo de perderse si no se entabla una reclamación. Sin embargo, ¿Cómo se puede determinar si se está ante un caso de impericia médica o negligencia hospitalaria que ha producido esta condición en un hijo o ser querido?

El sistema de salud público actualmente provee para una organización piramidal. En esta el médico primario, que muchas veces es generalista, tiene que autorizar los distintos referidos, no solo para que el paciente sea visto por médicos espacialistas, sino para efectuar pruebas diagnósticas complejas que den con la verdadera condición médica. Este proceso, por tanto, puede tardar muchos meses desde que se perciben los primeros signos de lo que podría ser una condición incapacitante de por vida, hasta que realmente se diagnostica.

Nadie está pensando en demandar cuando le nace un hijo cianótico, que no llora al estímulo físico; que en términos generales nace deprimido. Lo importante para todos es que el bebé salga del hospital en buen estado de salud. Y que, una vez dado de alta, permanezca en ese mismo estado de salud. Cuando ocurre lo contrario, el mundo se desploma para su familia. Nada es igual y, lo que es peor, nada será igual en la vida.

Naturalmente, una vez se diagnostica la perlesía cerebral en un ser querido, investigar los detalles del evento, saber qué probablemente lo causó pasa a un segundo lugar, especialmente para los familiares. Resulta normal que lo importante en este momento para todos sea lidiar con el futuro de ese niño, en lo que a calidad de vida respecta. Ocupando el origen de la condición un segundo plano, el aspecto legal muchas veces es descuidado, si no olvidado o descartado del todo. No solo porque muchos piensan que lo courrido sea un designio de Dios o porque el médico que posiblemente incurrió en negligencia es considerado casi como el representante de éste en la tierra, sino porque sencillamente, no es lo más importante en ese momento.

Diagnosticada la condición, sin embargo, el impacto que ocasiona no debe empañar la visión de quienes tienen el deber de cuidar por los derechos de ese niño y los suyos propios. En la mayoría de los casos, la habilidad económica de los padres para solventar los gastos y las pérdidas económicas que ese diagnóstico conlleva en un hijo, a corto y a largo plazo, es sencillamente inexistente. El golpe que causa la perlesía cerebral, desde el punto de vista emocional y económico, no debe nunca ser pasado por alto. Un ser humano que, con su negligencia, haya ocasionado la perlesía cerebral de un hijo, debe ser responsabilizado, no ya moralmente, sino legalmente por todas las consecuencias que su impericia haya causado, no solo a la víctima directa, sino a sus familiares. Si los padres del niño con perlesía cerebral, por las razones que sea, miran hacia otro lado y no reclaman sus daños a tiempo, descuidando el derecho de su hijo o hija, lo lamentarán por el resto de sus días. Alguna vez Albert Einsten dijo que "el mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad."

El estado de derecho que regula el acceso de las personas agraviadas a los tribunales para reclamar daños por todo tipo de perjuicios, incluyendo una causa de acción por impericia médica o negligencia hospitalaria, es bastante restrictivo. A diferencia de muchos estados de la unión norteamericana y otros países donde el período es mayor, el Código Civil en Puerto Rico dispone de un término de solo un año para instar una reclamación de daños y perjuicios, a partir de que se tiene conocimiento del daño y de la persona que lo ocasiona. Podríamos disertar extensamente sobre cuando es que ocurre verdaderamente el inicio de este período prescriptivo, al final del cual se extingue todo derecho de la víctima a reclamar por sus daños. Es importante puntualizar, sin embargo, que una vez el derecho muere, no puede ser resucitado.

Debe acudirse, más temprano que tarde, donde un abogado que tramitará una investigación diligente con miras a determinar si hubo o no impericia médica o negligencia hospitalaria en el manejo perinatal o post parto del niño con posible perlesía cerebral. No hay que esperar por el diagnóstico, que, como hemos visto, puede tardar meses. El abogado diligente tiene mecanismos a su alcance para reservar legalmente el derecho a reclamar por los daños hasta cerciorarse responsablemente de que tiene un caso meritorio de impericia médica.

Una vez se extingue la causa de acción de los padres del niño con perlesía cerebral, sus daños emocionales, que implican muchas veces tratamiento psiquiátrico extenso por estados depresivos de los padres y familia íntima de apoyo, la pérdida de ingreso familiar por haber tenido que dejar su empleo para cuidar a su hijo/paciente, el desarraigo casi obligatorio con sus raíces familiares por haberse tenido que mudar fuera de su país porque en el suyo no encuentra las ayudas necesarias, no podrán ser reclamados nunca si no se actúa con la diligencia requerida. En resumen, sin perder de vista el cuidado de la salud del niño, lo fundamental es que tampoco se pierda de vista el derecho a ser retribuído por los daños ocasionados, de parte de quien o quienes lo causaron. Ni su hijo ni usted merecen menos.

Para la Parte I vaya a http://impericiamedica.blogspot.com/2008/01/la-perlesa-cerebral-y-la-impericia.html