miércoles, 23 de abril de 2014

Supremo de Florida elimina topes en casos de impericia médica

El estado de Florida impuso en 2003 un tope a las compensaciones por daños no económicos para los casos de impericia médica, tal y como Puerto Rico ha querido hacer y copiar desde entonces.  El alegado razonamiento utilizado por la legislatura de ese estado para imponer los topes fue, al igual que el usado en otros estados, que, al hacerlo, ello iba a redundar en la disminución de las primas de seguros de los médicos que, entonces, andaban fuera de control.  Distinto a los topes paupérrimos que siempre han interesado los médicos y algunos legisladores imponer en nuestra Isla, la legislatura floridiana implantó en ese año un tope de $500 mil, por reclamante, para los daños no económicos.

En una decisión mayoritaria de mediados de marzo pasado, el Tribunal Supremo del estado de Florida invalidó prospectivamente los topes impuestos en 2003 por la legislatura estatal. Cinco de siete jueces votaron a favor de resolver que estos topes violentaban la cláusula de igual protección de las leyes, contenida en su constitución.  Una disposición similar está contenida en la nuestra.

Este caso trataba de la muerte de un paciente ocurrida por la impericia de uno o varios médicos.  Es muy posible que los abogados de los médicos demandados aleguen en el futuro que esta decisión solo aplica a casos donde haya ocurrido la muerte de un paciente y no otro tipo de daños, por severo que estos sean. Aunque así fuese y los tribunales les dieran la razón, en contra del mejor juicio, no hay duda que esta decisión del más alto foro judicial del estado de Florida representa un paso de avance en el sentido correcto. Los médicos de PR que estaban haciendo las maletas para ese estado deben pensarlo mejor, ya que, a partir de esta decisión, Florida dejó de ser un estado protector que los privilegiaba.

Los topes no deben existir ni deben ser impuestos a rajatabla. Los daños que los médicos y empleados de hospitales ocasionen por su negligencia deben ser justamente valorados y compensadas las víctimas.  Su imposición, tal y como resolvió ese tribunal no tenía razón de ser ni estaba vinculada, de forma alguna, con la volatilidad de las primas de seguro de responsabilidad profesional médica. Su imposición no responde a otra cosa sino a privilegiar y favorecer a los médicos y hospitales en perjuicio de las víctimas de impericia médica, el eslabón más débil.





miércoles, 26 de marzo de 2014

Un argumento ... chatarra



Después de resaltar las razones que, en su opinión, ocasionan el éxodo de médicos fuera de nuestra Isla, el vicepresidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico y posible próximo presidente del Colegio de Médicos, Dr. Víctor Ramos, apuntó en una entrevista que se le hiciera que “[o]tro factor que propicia este éxodo de doctores es el incremento de denuncias (sic) por impericia médica. En gran parte debido, según dijo, a la “proliferación de abogados especializados en la materia que buscan embolsarse grandes cantidades a costa de estos procesos judiciales”.   Fuerte.
Vamos por parte.  El buen doctor Ramos entiende que factores como calidad de vida, criminalidad, ingresos económicos de los médicos por sus servicios y las prácticas cañoneras de las aseguradoras de servicios de salud están obligando a los médicos a irse de Puerto Rico.  Dice que el 8%, o sea, casi mil médicos se nos han ido en los últimos años, buscando nuevos horizontes para ellos y sus familias.  Hasta ahí coincido con esta lumbrera médica.  Como quien no quiere la cosa, añade que los abogados radicamos demandas de impericia médica (en gran parte) por el dinero que buscamos “embolsarnos”. Ahí diferimos.
En Puerto Rico todos somos pacientes potenciales, usuarios de los servicios de salud, aunque sea con poca frecuencia, como yo.  Decir que los médicos eligen esa carrera profesional, en gran parte, por el dinero que buscan "embolsarse", luce igual de ridículo que la aseveración que el distinguido galeno hace con su boca de comer. Hay médicos y hay abogados cuyo único objetivo es el dinero; de eso no hay duda.  Hay médicos malos y hay abogados malos, pero eso no justifica caer en generalidades simplistas y, sobre todo, insultantes.
Esa obsesión, casi enfermiza, que tienen algunos médicos de demonizar a los abogados de las víctimas de impericia médica no es novel, pero ya me parece un chiste de mal gusto.  Lo han hecho otros en  el pasado, desde la misma posición de candidatos a la presidencia del Colegio y algunos presidentes también, no solo en Puerto Rico sino en otras partes del mundo.  
Algunos siempre han resentido el trabajo de los abogados en estos casos y lo ven como una intervención indebida en la relación médico-paciente.  Los que así sienten se equivocan de plano, pues cuando el paciente o sus familiares llegan a la oficina del abogado, desde hace tiempo que esa relación de confianza con el médico ha terminado. No existe usurpación de clase alguna por el abogado.  Sin embargo, no hay duda de que, a la hora de la verdad, somos los abogados quienes defendemos los intereses de los pacientes o sus familiares ante la negligencia de los médicos.  
Los poquísimos abogados que no hacemos otra cosa en nuestro país, recibimos al final una remuneración por nuestros servicios profesionales, pero solamente si nuestro trabajo produce una compensación para nuestros clientes, es decir, si nuestros servicios resultan exitosos.  Huelga decirlo, pero esta situación contrasta con los médicos, que siempre cobran por sus servicios, aunque no tengan éxito en su tratamiento o, en el peor de los casos, aunque el paciente muera.  Este resentimiento resulta un tanto comprensible porque, cuando han ocasionado daños a sus pacientes o sus familiares, esos intereses se contraponen, naturalmente, con los del médico negligente.
Quizá el galeno dijo lo que dijo para ganar adeptos dentro del corazón del rollo de la profesión médica, especialmente los "frequent flyers" a los tribunales, que ven en cada paciente la posibilidad hiperbólica de su ruina financiera por causa de una demanda de impericia en su contra.  Quizá lo dijo porque no se le ocurrió decir nada más.  En todo caso, lo dicho es parte de un discurso que no está anclado en la realidad, habiendo sido ya abandonado por mucha gente y por otros candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos, en particular, por su actual presidente y candidato a la reelección, Dr. Eduardo Ibarra, quien, en la misma entrevista, dio en el clavo sobre las verdaderas causas del éxodo.
Desconozco las cualidades profesionales y gremiales del candidato entrevistado, aunque dudo de la veracidad de las acusaciones que se hacen respecto a su entrega a las aseguradoras de salud.  Presumiendo que el error de Ramos sea honesto, mi consejo gratis a este buen doctor es que debería analizar mejor las estadísticas del grave éxodo de sus pares y no trivializar el tema.  Debería también descartar de su discurso la demagogia y los insultos gratuitos a la abogacía.  Se me olvidaba: el número de demandas de impericia médico hospitalaria radicadas se ha mantenido estable por muchos años; no hay aumento alguno.   
El buen doctor soslaya datos corroborables y, por eso, se equivoca.  Dándole el beneficio de la duda, quizá de buena fe. Sin embargo, si hay ignorancia en su estructura racional, debe, al menos, asegurarse de no insultar la inteligencia del que lo lee o escucha, incluyéndome.

NOTA 7 de abril de 2014
Leo en la prensa, inter alia, que el doctor Ramos "desbancó" al doctor Ibarra en la segunda vuelta de ayer domingo para la presidencia del Colegio de Médicos de PR.  Enhorabuena para el buen doctor. Favorecemos en principio su idea de que las demandas meritorias tengan una rápida solución.  Continúa con sus estadísticas incorrectas, pero le damos la bienvenida al debate público de su "primera prioridad" para coartar derechos a los pacientes que reclamen por impericia médica.


viernes, 7 de marzo de 2014

Buenas noticias para las víctimas de impericia medica y la negligencia hospitalaria

Regresando de unas semi largas vacaciones fuera de Puerto Rico, múltiples han sido las felicitaciones por haber obtenido una sentencia en favor de una joven madre y su hijo, en un caso de impericia médico-hospitalaria que ha dado mucho de qué hablar entre los miembros de nuestra profesión y de la profesión médica. Visitando las redes sociales, me he percatado que muchísima gente, ajena a la abogacía y a la medicina, también la han comentando insistentemente.

Aunque fue notificada luego, la sentencia fue dictada el pasado 27 de enero por una jueza en contra del gobierno, por la negligencia de unas enfermeras, empleadas de su Departamento de Salud y en contra de una compañía de terapia respiratoria, contratada para dar servicios en el Hospital Universitario Pediátrico del Centro Médico.  Ya antes, la Universidad de Puerto Rico había transigido con la parte demandante la negligencia de varios de sus empleados médicos, según concluyó la propia sentencia.

La gran importancia de esta sentencia realmente no es lo que se pueda o no cobrar luego de un tedioso y largo proceso legal.  Poquísimo, en comparación con los daños catastróficos que los demandados causaron al niño y a su madre. Por un lado, priman los paupérrimos y anacrónicos topes mandatorios a las compensaciones incluidos en la ley de pleitos contra el estado, que, a estas alturas, muchos entendemos son inconstitucionales.  Por el otro, la compañía privada, desafortunadamente, carece de un seguro de negligencia profesional que pueda cubrir los daños probados en este caso en contra de uno de sus empleados.  La muy bien estructurada y fundamentada sentencia del Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, en mi humilde opinión, llega en un momento oportuno, a tiempo de salvar muchas vidas que puedan llegar a nuestras instituciones hospitalarias, contrario a otras que, en el pasado, han quedado destrozadas.  Este caso y su dictamen deja al descubierto unas cuantas prácticas inapropiadas dentro de una institución hospitalaria importante en nuestro país, que probablemente han prevalecido por muchos años sin que nadie se dignase a corregirlas.

Hay que decir que esta sentencia no sienta un precedente judicial.  Sin embargo, a mi juicio, es importante en cuanto al tema de la valoración del daño, por el carácter disuasivo que puede tener en los dictámenes judiciales que se dicten en el futuro en Puerto Rico.  No recuerdo, y los abogados que he preguntado  tampoco recuerdan, otra sentencia en el pasado en la cual se hayan concedido $5.1 millones a las víctimas de la negligencia médico-hospitalaria, como se concedió en ésta.  Entre otros renglones, en cuanto a los daños físicos sufridos por el niño en estado comatoso de por vida, éstos se valoraron en $1 millón, mientras los sufrimientos y angustias mentales de su madre fueron valorados por el tribunal en otro millón de dólares. Para los que no hayan leido la noticia, ésta fue reseñada tanto en Noticel como en El Nuevo Día, el 17 de febrero pasado.

Naturalmente, todos en nuestra oficina nos sentimos muy orgullosos de este triunfo judicial obtenido en favor de nuestra cliente Tania Rosario Domínguez y de su pequeño hijo Andrew.  No es para menos.  Conoce la madre y su familia que el camino tortuoso que comenzó cuando le inflingieron los daños catastróficos a Andrew es largo y no ha terminado. Sabe que nada de lo que ha pasado o pase en el futuro le restituirá el estado a su hijo, como era antes de octubre de 2009.  Está consciente que, por el estado de derecho en Puerto Rico, no cobrará los millones de dólares que le concedieron a ella y a su hijo en daños. Sin embargo, Tania es una madre luchadora que cuenta con todo el sostén de su familia y de todas las personas que la conocen y que son solidarias con su lucha, incluyendo a todo el personal de nuestra oficina, de quienes ha obtenido, de forma ilimitada, todo el apoyo profesional.

Agradecemos, por último, a todos los colegas y amigos que han deseado enhorabuenas de manera sincera. Sé ademas, que muchas personas sienten, como yo, que este granito de arena que se ha puesto con este caso implica un paso gigantezco en la valoración del daño, en favor de las víctimas de impericia médica y de negligencia hospitalaria, que siempre lo necesitan.