jueves, 2 de octubre de 2014

Las medias verdades nunca son verdades, "Doctor President"

Además de constituir un maltrato hacia la mujer y la criatura por nacer, las cesáreas innecesarias dan origen a una causa de acción, es decir, a una demanda, bien por agresión o por impericia y negligencia, en contra del médico que la hace. Así de grave, pero sencillo de comprender. 

La Organización Mundial de la Salud establece que el porciento razonable de cesáreas no debe sobrepasar el 15% de todos los partos.  Puerto Rico tiene la dudosa distinción de que el 48% de los partos hechos en nuestros hospitales son mediante cesárea. En algún momento, hace unos años, "logramos" la primera posición a nivel mundial.


La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la ex primera dama, hoy representante, Pity Gándara, celebró el miércoles 1ro. de octubre de este año la continuación de unas vistas públicas, al son de una manifestación en el exterior del capitolio, promovida por el grupo puertorriqueño autodenominado Inne-cesareas.org. En estas vistas se  ha estado discutiendo el cumplimiento de los médicos del país con la llamada Ley para el Desarrollo y la Implantación de la Política Pública para la niñez temprana. Particularmente, el miércoles se discutieron las disposiciones de la Ley sobre nacimiento seguro y el rol de los obstetras en este importante evento.  Allí estuvo exponiendo la posición gremial (no genial) de los médicos el flamante presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el pediatra Dr. Victor Ramos Otero.


En su ponencia oral, el buen doctor dijo lo siguiente: “En Puerto Rico el alto número de cesáreas se explica por la escasez de obstetras ginecólogos y como defensa de las demandas de impericia médica ante los altos riesgos que conllevan los partos naturales. Puerto Rico es el único lugar donde se puede demandar hasta que el menor cumple los 22 años cuando eso no se ve en Estados Unidos”. http://tribunapr.com/2014/10/01/cuestionan-a-medicos-por-alto-numero-de-cesareas-en-puerto-rico.html.  Sorprendentemente, el buen doctor Ramos añadió un criterio para el uso de cesárea como método para terminar un embarazo. Si no lo hubiese leído y se hubiese comentado "ad nauseum" por los medios en Puerto Rico, no lo hubiese creído y menos directo de la boca de comer de un pediatra, con la más alta posición en el gremio médico.


Disparate aparte, vayamos por parte y analicemos la gravedad de la aserción del galeno. Hay que decir de entrada, que el tema del alto número de cesáreas en Puerto Rico no es nada nuevo, como tampoco lo es darle cobertura noticiosa a cualquier disparatero en este país. Este tópico  data de más de veinte años. En diciembre de 2013 se publicó que "[L]os nacimientos por cesárea en Puerto Rico se triplicaron en los últimos 20 años, lo que elevó la tasa a 49.7 por ciento, la más alta del mundo." http://www.elpostantillano.com/salud/8327-prensa-latina.html.  Por lo tanto, el hecho de que hace no más de cinco años los obstetras boricuas hayan optado por brincar el charco en busca de mejor calidad de vida, como ya es harto conocido, no ha incidido en que los que se hayan quedad0 usen más de lo debido el escalpelo en el vientre materno. Esa práctica era un mal viejo y estaba firmemente establecida en esa especialidad de la medicina desde hace décadas.


Por otro lado, el buen doctor interesantemente habla e lo que los abogados conocemos como "período prescriptivo" para radicar una demanda cuando se trata de daños a menores de edad. Establece correctamente que en Puerto Rico existe el derecho a radicar una demanda en su favor, hasta un año luego de que el menor llega a la mayoría de edad, esto es, hasta que el menor cumple 22 años de edad. Lo que calla es que en Puerto Rico la mayoridad se llega a los 21 años de edad. Atribuye a esta parte de la ley actual la frecuencia del uso del bisturí en los obstetras para terminar el embarazo, estableciendo en su exposición una distinción de Puerto Rico con respecto a lo que ocurre en EEUU.


El punto medular y, sobre todo, pertinente a lo que ha dicho este galeno sobre la ley local que establece los períodos prescriptivos para radicar una demanda en Puerto Rico, es el establecimiento de que la mayoría de edad es a los 21 años. Ello es distinto a EEUU, con la excepción del estado de Mississippi, en que se llega a la mayoridad a los 18 años de edad y Delaware, Alabama y Nebraska en que la edad es de 19 años.


Lo que oculta interesantemente el buen doctor Ramos es que en más de 20 estados de la nación estadounidense el período prescriptivo es el mismo que en Puerto Rico: hasta un año luego de que el menor llega a su mayoría de edad. Los siguientes son los estados a que me refiero: Kansas, Arizona, Washington DC, Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont y Washington. ¿Por qué el doctor Ramos oculta este dato?

Si en Puerto Rico se variara la ley, estableciendo la mayoridad a 18 años de edad, en lugar de los 21 años en que está establecida actualmente, el período prescriptivo para radicar una demanda en favor de un menor de edad igualmente se reduciría.  Por consiguiente, la demanda tendría oportunidad de radicarse en Puerto Rico hasta que el menor cumpliera 19 años de edad, como ocurre en estos estados.

Y ya que el buen doctor Ramos se refirió a EEUU, de una revisión al U.S. National Center for Health Statistics data hemos notado que las tasas de cesáreas en esa nación van desde el 22% en Arkansas, hasta 37% en West Virginia, mucho menos que la barbaridad del 48% de Puerto Rico. Si en más de 20 estados el período prescriptivo para radicar una demanda en favor de un menor de edad es el mismo que en Puerto Rico, o sea, un año luego de que llegue a la mayoría de edad, el porciento de cesáreas innecesarias debería ser similar al de aquí, y no lo es. El doctor Ramos tendría la razón, pero no la tiene.  Distinto a lo que dice el doctor Ramos, si el período prescriptivo, para radicar una demanda a favor de un menor, tuviese que ver en la decisión del médico obstetra para realizar una cesárea, como método para terminar un embarazo, el porciento en esa veintena de estados rondaría la bochornosa cifra que ronda en Puerto Rico.

Podría especular con respecto a las razones por las cuales los médicos terminan en  48% de cesáreas  en Puerto Rico, pero nos abstendremos de hacerlo. Lo que es vital aclarar es que la decisión de hacer o no una cesárea, fuera de toda duda, debe ser guiada por unos criterios estrictamente médicos y no de cualquier otra índole. 


Por lo demás, invito nuevamente al doctor Ramos a estudiar e interpretar mejor las estadísticas para que llegue a unas conclusiones honestas y ofrezca testimonios veraces ante la opinón pública, con algún mérito. Antes fue el éxodo de médicos a EEUU, ahora son las cesáreas innecesarias. Espero que al buen doctor no se le ocurra decir que las demandas de impericia médica, y los abogados que las radicamos, tenemos también culpa de la epidemia de chincungunya o del virus del Ebola.






miércoles, 20 de agosto de 2014

Purga en la judicatura

Los que conocemos el sistema judicial del país de primera mano, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido y jamás lo será. Ningún sistema judicial lo es. Nunca ha habido esas pretensiones en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los abogados de Puerto Rico siempre hemos sentido orgullo por las mujeres y hombres que han compuesto la judicatura del país. Personas que, en muchas ocasiones, luego de litigar casos de toda índole, deciden un buen día integrarse al sistema judicial para, en alguna medida lograr que se haga justicia a los reclamos de las personas que acuden ante ellos.
Constantemente, los abogados nos hemos preciado de la incorruptibilidad de nuestra judicatura; en fin, que tenemos la mejor judicatura con la que puede contar un país para mediar en las disputas entre personas y lidiar con los problemas sociales que nos agobian, como es la criminalidad. Claro, este punto de vista es naturalmente prejuiciado en caso de un abogado y debe tener mucho que ver con la apreciación boricua de que somos el ombligo del mundo.
Los hechos que nos son revelados como parte de los procesos investigativos y judiciales en contra de algunos componentes de nuestra judicatura representan un golpe contundente, aunque sean con relación a una paupérrima minoría.  Es un estacazo, no solo a las personas contra quienes se dirigen, sino contra la percepción de todos los que hemos formado parte  o meramente protegido el sistema judicial del país. Cada vez que los medios publican algún evento relacionado con una alegada podredumbre en la judicatura del país, atisbo a mis treinta y pico de años como abogado litigante e, irremediablemente, me pregunto si en alguno que otro caso donde mi cliente no prevaleció hubo alguna mano ajena detrás de la determinación judicial.
Creo que el titubeo que brota en estas circunstancias surge en la mente de los abogados litigantes del país. Lógicamente, esta duda se potencia en la apreciación de todas las personas que, de una u otra forma, acuden a diario a los tribunales del país, bien como demandantes, demandados, acusados o víctimas de delito y que no conocen el sistema, como los que trabajamos en su entorno.
En cómo se afecta la percepción de la población que sirve la rama judicial gravita la evaluación en medio de estas pesquisas.  El resultado natural de todas las alegaciones de corrupción judicial que se hacen en los distintos medios, ya sea por filtraciones o de un modo legítimo, es que la población deja de creer. Cada información resulta en una estocada mortal al corazón del sistema que tiene que, en último término, lidiar con todas las disputas que surgen en el país.  Se agrava la percepción general cuando estos casos de alegada putrefacción judicial no se resuelven con rapidez. Ello es así porque el aparente neutro da paso a la conjetura.
Somos muy dados a hacer generalizaciones, aún sin contar con evidencia que las justifique; así es la naturaleza humana. Se han hecho muchas en torno al sistema judicial. Sin embargo, cuando esas generalizaciones toman alguna forma ante nuestros aún incrédulos ojos, el daño que se hace a una institución, que requiere imparcialidad en todas sus ejecuciones oficiales, es realmente inconmensurable.
La investigación que se hace en contra de algún componente de la rama judicial no debe ser considerada como cualquier otra investigación. El delito que comete un juez dentro de su función como tal no es un delito más.  Requiere este tipo de pesquisa algo más que la diligencia acostumbrada de la agencia que investiga.
Nuestro país necesita rapidez en la resolución, sin que los recursos investigativos y jurídicos sean restringidos de forma alguna. La purga solo es forzosa cuando es necesaria. De lo contrario, entonces las que se deben purgar rápidamente son las alegaciones.

viernes, 15 de agosto de 2014

Otra herramienta nueva y útil

Para aquellos abogados que interesen incursionar en la litigación en el área, el colega Héctor Alvarado Tizol ha publicado su libro con el título sugestivo de "Litigación en Casos de Impericia Médica", Mariana editores, 2014. 

El licenciado Alvarado Tizol es uno de los pocos abogados experimentados en el área de la impericia médica en Puerto Rico, contando con alrededor de cuatro décadas de experiencia en este campo.  Su visión dual de cirujano oral maxilofacial y abogado hace que este libro tenga una perspectiva interesante desde el punto de vista de la litigación, pues no está dirigido solamente a los que litigamos en pro de las víctimas, sino, igualmente, está enfocado al punto de vista del profesional de la salud.  

En su libro, Héctor cita y brinda un resumen de toda la legislación y la jurisprudencia pertinente, tanto federal, como de Puerto Rico, aplicable al tema.  Naturalmente, este libro está al día, presentando incluso los casos de Fraguada y Confesor Rodríguez, en los cuales el Tribunal Supremo de PR desarrolló nuevas normas jurídicas y guías que resultan sumamente importantes para todos los que nos interesa el tema y que, de día a día litigamos este tipo de casos.   Nos dice la contraportada, además, que "este libro está escrito con la precisa intención de que los estudiantes de derecho tengan una herramienta completa al momento de graduarse y que lleguen a la práctica con los conocimientos suficientes para no llevar jamás una demanda frívola contra un médico o cualquier otro profesional en la preservación de la salud."

De un vistazo al contenido del libro, puedo asegurar que su lenguaje, algo técnico, es de fácil manejo y comprensión para todos los abogados del país que interesen conocer un poco más del tema de la impericia médica, aunque no persigan litigar en el área.  Esta nueva herramienta se encuentra desde hace unos días disponible para la venta en Biblioservices, una librería especializada en derecho, ubicada cerca de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en el sector Tres Monjitas de Hato Rey. 

Enhorabuena y éxito para el amigo y colega!!