miércoles, 20 de agosto de 2014

Purga en la judicatura

Los que conocemos el sistema judicial del país de primera mano, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido y jamás lo será. Ningún sistema judicial lo es. Nunca ha habido esas pretensiones en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los abogados de Puerto Rico siempre hemos sentido orgullo por las mujeres y hombres que han compuesto la judicatura del país. Personas que, en muchas ocasiones, luego de litigar casos de toda índole, deciden un buen día integrarse al sistema judicial para, en alguna medida lograr que se haga justicia a los reclamos de las personas que acuden ante ellos.
Constantemente, los abogados nos hemos preciado de la incorruptibilidad de nuestra judicatura; en fin, que tenemos la mejor judicatura con la que puede contar un país para mediar en las disputas entre personas y lidiar con los problemas sociales que nos agobian, como es la criminalidad. Claro, este punto de vista es naturalmente prejuiciado en caso de un abogado y debe tener mucho que ver con la apreciación boricua de que somos el ombligo del mundo.
Los hechos que nos son revelados como parte de los procesos investigativos y judiciales en contra de algunos componentes de nuestra judicatura representan un golpe contundente, aunque sean con relación a una paupérrima minoría.  Es un estacazo, no solo a las personas contra quienes se dirigen, sino contra la percepción de todos los que hemos formado parte  o meramente protegido el sistema judicial del país. Cada vez que los medios publican algún evento relacionado con una alegada podredumbre en la judicatura del país, atisbo a mis treinta y pico de años como abogado litigante e, irremediablemente, me pregunto si en alguno que otro caso donde mi cliente no prevaleció hubo alguna mano ajena detrás de la determinación judicial.
Creo que el titubeo que brota en estas circunstancias surge en la mente de los abogados litigantes del país. Lógicamente, esta duda se potencia en la apreciación de todas las personas que, de una u otra forma, acuden a diario a los tribunales del país, bien como demandantes, demandados, acusados o víctimas de delito y que no conocen el sistema, como los que trabajamos en su entorno.
En cómo se afecta la percepción de la población que sirve la rama judicial gravita la evaluación en medio de estas pesquisas.  El resultado natural de todas las alegaciones de corrupción judicial que se hacen en los distintos medios, ya sea por filtraciones o de un modo legítimo, es que la población deja de creer. Cada información resulta en una estocada mortal al corazón del sistema que tiene que, en último término, lidiar con todas las disputas que surgen en el país.  Se agrava la percepción general cuando estos casos de alegada putrefacción judicial no se resuelven con rapidez. Ello es así porque el aparente neutro da paso a la conjetura.
Somos muy dados a hacer generalizaciones, aún sin contar con evidencia que las justifique; así es la naturaleza humana. Se han hecho muchas en torno al sistema judicial. Sin embargo, cuando esas generalizaciones toman alguna forma ante nuestros aún incrédulos ojos, el daño que se hace a una institución, que requiere imparcialidad en todas sus ejecuciones oficiales, es realmente inconmensurable.
La investigación que se hace en contra de algún componente de la rama judicial no debe ser considerada como cualquier otra investigación. El delito que comete un juez dentro de su función como tal no es un delito más.  Requiere este tipo de pesquisa algo más que la diligencia acostumbrada de la agencia que investiga.
Nuestro país necesita rapidez en la resolución, sin que los recursos investigativos y jurídicos sean restringidos de forma alguna. La purga solo es forzosa cuando es necesaria. De lo contrario, entonces las que se deben purgar rápidamente son las alegaciones.

viernes, 15 de agosto de 2014

Otra herramienta nueva y útil

Para aquellos abogados que interesen incursionar en la litigación en el área, el colega Héctor Alvarado Tizol ha publicado su libro con el título sugestivo de "Litigación en Casos de Impericia Médica", Mariana editores, 2014. 

El licenciado Alvarado Tizol es uno de los pocos abogados experimentados en el área de la impericia médica en Puerto Rico, contando con alrededor de cuatro décadas de experiencia en este campo.  Su visión dual de cirujano oral maxilofacial y abogado hace que este libro tenga una perspectiva interesante desde el punto de vista de la litigación, pues no está dirigido solamente a los que litigamos en pro de las víctimas, sino, igualmente, está enfocado al punto de vista del profesional de la salud.  

En su libro, Héctor cita y brinda un resumen de toda la legislación y la jurisprudencia pertinente, tanto federal, como de Puerto Rico, aplicable al tema.  Naturalmente, este libro está al día, presentando incluso los casos de Fraguada y Confesor Rodríguez, en los cuales el Tribunal Supremo de PR desarrolló nuevas normas jurídicas y guías que resultan sumamente importantes para todos los que nos interesa el tema y que, de día a día litigamos este tipo de casos.   Nos dice la contraportada, además, que "este libro está escrito con la precisa intención de que los estudiantes de derecho tengan una herramienta completa al momento de graduarse y que lleguen a la práctica con los conocimientos suficientes para no llevar jamás una demanda frívola contra un médico o cualquier otro profesional en la preservación de la salud."

De un vistazo al contenido del libro, puedo asegurar que su lenguaje, algo técnico, es de fácil manejo y comprensión para todos los abogados del país que interesen conocer un poco más del tema de la impericia médica, aunque no persigan litigar en el área.  Esta nueva herramienta se encuentra desde hace unos días disponible para la venta en Biblioservices, una librería de libros especializados en derecho, ubicada cerca de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en el sector Tres Monjitas de Hato Rey. 

Enhorabuena y éxito para el amigo y colega!!

martes, 12 de agosto de 2014

EXODO, la Guagua Aérea VIVE

Con la honrosa excepción del doctor Ibarra, el discurso principal de los presidentes del Colegio y de la Asociación de Médicos de Puerto Rico, durante más de una década, ha sido que las demandas de impericia médica y sobre negligencia hospitalaria que los abogados presentamos en los tribunales del país, han sido dínamo o propulsoras de la emigración de estos buenos profesionales a Estados Unidos de América.  Estos buenos doctores han calificado esta emigración profesional de sus pares - y la han exagerado - al punto de llamarla "éxodo", vocablo con raíces antiguas, refiriéndose al  Segundo libro de la biblia, en el que se narra la salida de los hebreos que abandonaron Egipto, de manos del profeta Moisés, en busca de la "Tierra Prometida".

Dándoles el beneficio de la duda, estos dirigentes médicos han argumentado en el pasado, quizá de buena fe, que la mayoría de las demandas que se presentan en los tribunales del país en su contra tienen a los médicos trabajando en los hospitales y oficinas con los pelos de punta y a sus familias temerosas de quedar en la ruina económica y en estado de paupérrima insolvencia.  Sin excepción, y con condescendencia, todos admiten al final que las víctimas de impericia tienen derecho a que sus casos sean ventilados y a ser compensados justamente.

A través de la pasada década, lo que he denominado antes como una falacia o mito, las estadísticas oficiales han derrumbado el argumento médico, evidenciando que la emigración de los médicos hacia el norte, no es distinta al movimiento de los boricuas en general. Habiendo sido condescendiente por muchos años, llegándolo a calificar recientemente como argumento "chatarra", no puedo menos que calificarlo en este momento como una mentira que ha tenido sus consecuencias.

Una de los primeros resultados del argumento falso del éxodo médico, fue la propuesta  de la pasada administración gubernamental de elevar el derecho de hogar seguro de los médicos sobre su residencia, irrespectivo del valor de ésta.  Como esa legislación  representaba un privilegio a una clase, ya privilegiada, se optó eventualmente por otorgar ese derecho a toda la población, y así fue aprobada por el gobernador Fortuño.

Otra de las consecuencias de este argumento mendaz, fue considerar a ciertas instituciones hospitalarias privadas, otorgándole inmunidad a su facultad médica, con los consecuentes topes aplicables a los pleitos contra el Estado.  Es decir, en caso de una reclamación y sentencia del tribunal, $75 mil por víctima de impericia médica, hasta un tope máximo de $150 mil por caso, irrespectivo del daño que la negligencia médica haya ocasionado.  Con un mejor juicio, esta legislación fue revocada por la presente administración, devolviendo la sensatez a la norma jurídica.

El actual presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, como he advertido antes, ha prometido como una de sus prioridades, propulsar una reforma a la legislación de impericia médica.  El buen doctor ha repetido "ad nauseum" el argumento falaz de que el éxodo de los médicos ha sido y es a causa de las susodichas demandas de impericia médica y el "miedo" de los profesionales a esta espada de Damocles sobre sus cabezas.

Tan reciente como ayer, se publicó un informe del "Pew Research Center" (PRC) en el que analizaba los datos del último censo poblacional, con relación a los boricuas de aquí y los que residen al otro lado del charco.  Este informe reveló lo que ya era un secreto a voces:  que más boricuas han emigrado en la pasada década hacia EEUU, que los que emigraron luego de la Segunda Guerra Mundial, esto es, a principios de la década de los años 50, en lo que los más jóvenes llegamos a conocer como la "guagua aérea".  Ello, en búsqueda de mejores condiciones u ofertas laborales o condiciones familiares.  Es un hecho, evidenciado en este informe, que hay 4.9 millones de puertorriqueños esparcidos por EEUU, versus los un poco más de 3 millones que habitamos en esta bendita Isla del mofongo, las alcapurrias y  del chichorreo de fin de semana.  Otro dato importante que se revela por el PRC es que los boricuas que han volao' la verja hacia el estado de Florida, predominantemente y luego hacia el estado de New York, nuestra mayor ciudad, tienen más educación formal que el resto de los hispanos que han emigrado allá.

Con este informe no ha quedado duda alguna de que la emigración de los médicos puertorriqueños no es distinta a la de los demás profesionales que han optado por irse de Puerto Rico.  Sin embargo, este dato incuestionable seguramente no detendrá a los dirigentes médicos ni impedirá el fuerte cabildeo de sus distintas organizaciones en la Asamblea Legislativa y en la Fortaleza, para procurar una legislación más restrictiva a los derechos de las víctimas de impericia médica y de la negligencia hospitalaria en Puerto Rico.  Anclados en la mendacidad del argumento, y que tan reciente como ayer fue una vez más vapuleado, seguirán estos buenos doctores buscando en su favor más privilegios.  Solo una legislatura valiente e informada podrá impedir su avance y detenerlos en seco.  Por el bien de todos los que han sido o serán pacientes en Puerto Rico, espero que la tengamos.