Los que conocemos el sistema judicial del país de
primera mano, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido y jamás lo será. Ningún sistema
judicial lo es. Nunca ha habido esas pretensiones en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los abogados de Puerto Rico siempre hemos sentido orgullo por las mujeres y hombres que han compuesto la judicatura del país. Personas
que, en muchas ocasiones, luego de litigar casos de toda índole, deciden un buen
día integrarse al sistema judicial para, en alguna medida lograr que se haga
justicia a los reclamos de las personas que acuden ante ellos.
Constantemente, los abogados nos hemos preciado de la
incorruptibilidad de nuestra judicatura; en fin, que tenemos la mejor
judicatura con la que puede contar un país para mediar en las disputas entre
personas y lidiar con los problemas sociales que nos agobian, como es la
criminalidad. Claro, este punto de vista es naturalmente prejuiciado en caso de
un abogado y debe tener mucho que ver con la apreciación boricua de que somos
el ombligo del mundo.
Los
hechos que nos son revelados como parte de los procesos investigativos y
judiciales en contra de algunos componentes de nuestra judicatura representan
un golpe contundente, aunque sean con relación a una paupérrima minoría. Es un estacazo, no solo a las personas contra
quienes se dirigen, sino contra la percepción de todos los que hemos formado
parte o meramente protegido el sistema
judicial del país. Cada vez que los medios publican algún evento relacionado
con una alegada podredumbre en la judicatura del país, atisbo a mis treinta y
pico de años como abogado litigante e, irremediablemente, me pregunto si en
alguno que otro caso donde mi cliente no prevaleció hubo alguna mano ajena
detrás de la determinación judicial.
Creo que el titubeo que brota en estas circunstancias surge
en la mente de los abogados litigantes del país. Lógicamente, esta duda se
potencia en la apreciación de todas las personas que, de una u otra forma,
acuden a diario a los tribunales del país, bien como demandantes, demandados,
acusados o víctimas de delito y que no conocen el sistema, como los que
trabajamos en su entorno.
En cómo se afecta la percepción de la población que
sirve la rama judicial gravita la evaluación en medio de estas pesquisas. El resultado natural de todas las alegaciones
de corrupción judicial que se hacen en los distintos medios, ya sea por
filtraciones o de un modo legítimo, es que la población deja de creer. Cada información
resulta en una estocada mortal al corazón del sistema que tiene que, en último
término, lidiar con todas las disputas que surgen en el país. Se agrava la percepción general cuando estos
casos de alegada putrefacción judicial no se resuelven con rapidez. Ello es así
porque el aparente neutro da paso a la conjetura.
Somos muy dados a hacer generalizaciones, aún sin
contar con evidencia que las justifique; así es la naturaleza humana. Se han
hecho muchas en torno al sistema judicial. Sin embargo, cuando esas
generalizaciones toman alguna forma ante nuestros aún incrédulos ojos, el daño que
se hace a una institución, que requiere imparcialidad en todas sus ejecuciones
oficiales, es realmente inconmensurable.
La
investigación que se hace en contra de algún componente de la rama judicial no
debe ser considerada como cualquier otra investigación. El delito que comete un
juez dentro de su función como tal no es un delito más. Requiere este tipo de pesquisa algo más que
la diligencia acostumbrada de la agencia que investiga.
Nuestro país necesita rapidez en la resolución, sin que
los recursos investigativos y jurídicos sean restringidos de forma alguna. La
purga solo es forzosa cuando es necesaria. De lo contrario, entonces las que se
deben purgar rápidamente son las alegaciones.
